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Nueva avalancha de demandas por el IRPH



El IRPH (Índice de Referencia de Préstamos Hipotecarios) es un índice de referencia alternativo al euríbor, que se utilizó para calcular los intereses de los préstamos hipotecarios de tipo variable. En el año 2011, la Unión Europea obligó a España a suprimirlo por considerar que dicho índice de referencia era manipulable por parte de las entidades bancarias.


Casualidad o no, esta manipulación por parte de las entidades bancarias se llevaba a cabo siempre al alza, resultando por tanto un índice de referencia mucho más elevado que el Euribor.

El pasado mes de septiembre se conocieron las conclusiones del abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), quien sostenía que para considerar válidas las cláusulas que referencian el tipo de interés variable de un préstamo hipotecario al índice IRPH, es necesario que superen un control de incorporación, de transparencia y de abusividad y que en la mayoría de casos no se superarían.


Con todo ello, se prevé una futura sentencia condenatoria en contra de los bancos, lo que conllevaría una nueva avalancha de demandas por parte de los clientes para recuperar los intereses abonados por la aplicación del IRPH.


Es por esto que las entidades bancarias han iniciado una campaña de acuerdos con los clientes cuyos préstamos hipotecarios incluyen como índice de referencia el IRPH. La mayor parte de estos acuerdos ofrecen cambiar el IRPH de su hipoteca por el Euríbor o un interés fijo, sin devolver las cantidades abonadas de más por la aplicación de este índice de referencia.

De esta manera, las entidades bancarias obligan a sus clientes a firmar una cláusula que les impide iniciar acciones judiciales posteriores, asegurándose que renuncien a reclamar las cantidades cobradas de más por sus hipotecas con IRPH.


En este sentido, es fundamental estar asesorados en todo momento por un abogado especialista en derecho bancario, teniendo en cuenta además que la reclamación media de cada cliente afectado por el IRPH será de unos 20.000€, por lo que hay que asegurarse de no renunciar a reclamar estas cantidades por medio de un acuerdo con el banco.


Desde Ramiro Navarro abogados aconsejamos a nuestros clientes que no firmen ningún acuerdo con las entidades bancarias sin asesoramiento de un especialista en la materia que proteja sus intereses


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