El año 2023 pasará a la historia como un año de gran actividad política en España. En marzo fuimos testigos de la sexta moción de censura de la democracia española; al siguiente mes, en abril, en esas mismas Cortes Generales tuvo lugar un acalorado debate a causa de la Ley del solo sí es sí. El 28 de mayo se celebraron unas elecciones autonómicas y locales que dieron mucho que hablar; el 23 de julio, unas prontas Elecciones Generales. Cómo olvidar la Jura de la Constitución de la princesa de Asturias en la víspera del día de Todos los Santos o, aunque no sea propiamente noticia española, el fallecimiento de la reina más longeva de la Historia, Isabel II de Inglaterra.
Es posible que en un año como el que nos deja, repleto de eventos de toda índole, se hayan pasado por alto algunas relevantes Sentencias de los Tribunales dictadas en este 2023 y que no dudamos el lector encontrará de gran interés:
1. Comisión de apertura: más dudas de respuestas.
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea estableció en su Sentencia de 16 de marzo de 2023 algunos criterios extra para determinar la abusividad de la comisión de apertura contenida en muchos préstamos hipotecarios de consumidores españoles, tal y como comentamos aquí. El Tribunal Supremo acogió la doctrina del Tribunal europeo en su Sentencia de 29 de mayo de 2023, en la que declaró unas condiciones de abusividad que se resumen en la siguiente frase que transcribimos de la propia Sentencia: «no cabe una solución unívoca sobre la validez o invalidez de la cláusula que establece la comisión de apertura, puesto que dependerá del examen individualizado de cada caso, conforme a la prueba practicada».
2. Conflictos con la vacunación contra el coronavirus.
En los años 2020, 2021 e incluso 2022 surgieron una gran cantidad de litigios relacionados con la vacunación contra la COVID-19. Fueron numerosos los casos en los que un progenitor quería suministrarle la vacuna a su hijo pero el otro progenitor se oponía, por lo que igual de numerosos fueron los litigios judiciales al respecto. El Tribunal Constitucional se decanta por considerar legítima la vacunación autorizada por los Tribunales de Justicia según su doctrina recogida en, por todas, la STC 148/2023, de 6 de noviembre.
3. La Administración no debe solicitar los documentos que ya obran en su poder.
El pasado 12 de enero nuestro Alto Tribunal confirmó una ya clásica reivindicación de los ciudadanos: siempre que el ciudadano no se oponga a ello, la Administración tiene la obligación de recabar por si misma los documentos que ya obren en cualquier Administración, o bien deba expedir ella misma.
4. Concurrencia de condena penal y sanción administrativa
Sabemos que la jurisdicción penal es preferente al procedimiento sancionador administrativo pero, ¿qué pasa si la Administración se adelanta a los Tribunales e impone sanción cuando procede una condena penal? Concluye el Tribunal Constitucional en su Sentencia nº2/2023, de 6 de febrero, que deberá compensarse la condena penal con la sanción administrativa impuesta para no vulnerar el principio «non bis in idem».
5. Concepto de interés notablemente superior al dinero.
La Sentencia de la Sala 1ª del Tribunal Supremo nº257/2023, de 15 de febrero, estableció que para determinar el carácter usurario de una operación no pueden asumirse criterios generales, por lo que habrá que estudiar cada tipo de contrato según su contexto. La Sentencia consecutiva del Alto Tribunal, de misma fecha, estableció que el interés de una tarjeta revolving es usurario cuando existe una diferencia de 6 puntos porcentuales entre el tipo medio de mercado y el convenido por las partes.
6. Imposición de costas al prestamista, aún con estimación parcial.
En esta importantísima Sentencia, el Tribunal Constitucional declaró vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva porque el órgano jurisdiccional no impuso las costas a la entidad prestamista en un juicio por cláusulas abusivas. El garante de la Constitución aplica la doctrina del TJUE por la que se deben imponer las costas al banco aún con estimación parcial de la demanda o allanamiento, con arreglo al principio de efectividad del Derecho de la Unión Europea.
7. Tributación excesiva de las prestaciones por jubilación de los antiguos trabajadores de la banca.
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo declaró el pasado 28 de febrero que las aportaciones realizadas a la Mutualidad Laboral de la Banca entre el 1967 y 1978 no pudieron deducirse de la base imponible según la legislación vigente en su momento, por lo que ahora deben tributarse en un 75% según la Disposición Transitoria 2ª de la Ley del IRPF. Esta doctrina será aplicable para las rentas percibidas en el año 2023 y para modificar las declaraciones aún no prescritas del IRPF.
8. «Derecho al olvido» de la Segunda Oportunidad.
Ante la discordancia de la legislación alemana entre la duración de la publicidad de la EPI en los registros públicos -seis meses- y en los registros privados -tres años-, el TJUE falló el pasado 7 de diciembre de 2023 que los registros privados tenían que cancelar los mencionados datos al mismo tiempo que los registros públicos. El legislador español deberá tomar nota para cumplir con la doctrina europea, pues nuestro ordenamiento prevé la cancelación de oficio de los datos tras un mes de la EPI en los registros públicos, pero una duración de 5 años en los registros privados.