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  • Ramiro Navarro Abogados

La criminalización del contrato de arrendamiento

Actualizado: 4 de nov de 2018


Para que el contrato de arrendamiento pueda considerarse ilícito o “criminalizado” deben concurrir una serie de elementos característicos de la estafa, no todo incumplimiento contractual supone un ilícito penal.


En primer lugar debe existir un dolo antecedente o "in contrahendo". El Tribunal Supremo dice que en esta figura delictiva el ilícito penal aparece caracterizado por la intención inicial o antecedente de no hacer efectiva la contraprestación o por la conciencia de la imposibilidad de cumplirla.


En este sentido se han pronunciado las Sentencias de la Audiencia Provincial de Castellón 332/2015, de 22 de septiembre y 134/2010, de 16 de abril. La línea divisoria entre el dolo penal y el dolo civil en los delitos contra el patrimonio es la tipicidad de modo que únicamente si la conducta del agente se incardina en el precepto penal tipificado del delito de estafa es punible la acción, no suponiendo ello, criminalizar todo incumplimiento contractual. El delito de estafa requiere la intención premeditada de no cumplir con lo pactado.


El segundo elemento del tipo es el engaño, el engaño surge cuando el autor simula un propósito serio de contratar mientras que, en realidad, solo pretende aprovecharse del cumplimiento de las prestaciones a que se obliga la otra parte ocultando a ésta su decidida intención de incumplir sus propias obligaciones.


Por lo tanto, la línea divisoria para saber si estamos ante un ilícito civil o un ilícito penal reside en la verdadera voluntad de los contratantes, nos encontramos ante un ilícito penal cuando uno de los contratantes sabe que no va a cumplir y no realiza ninguna actividad tendente a cumplir el contrato. En concepto “no realiza ninguna actividad” es sumamente importante para interpretar el dolo penal como aplicable. Además debe haber un nexo causal ente el daño provocado y el perjuicio causado.


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